¿Cuáles son las leyes de protección a primera Infancia en Colombia?

Leyes de Protección a Primera Infancia en Colombia

En Colombia, los consultores de UNICEF realizaron un análisis de la estructura, la financiación y el funcionamiento del sistema integral de protección de la infancia de Colombia recientemente.

En el estudio se utilizaron tres violaciones de los derechos de los niños como indicador de los complejos problemas de la protección de la infancia en este país: 1) el abuso doméstico contra los niños, 2) el reclutamiento de niños por los grupos armados, y 3) la explotación sexual comercial de los niños. 

Estas violaciones se consideraron pertinentes y representativas ya que reflejan las áreas donde los peores abusos de la vida cotidiana se cruzan con la de los impactos perjudiciales de un conflicto armado de más de 50 años de antigüedad. También representan violaciones que afectan a las niñas y los niños de manera diferente, debido a los roles de género socialmente atribuidos en la sociedad colombiana. 

En este país, la violencia de género, especialmente la violencia sexual contra los niños y niñas constituye una amenaza, a pesar de que la incidencia está muy poco reportada. 

La arquitectura institucional y los costos de la protección de los niños, aborda las diferencias de género sólo tangencialmente, pero reconoce la importancia de seguir investigando las causas, la magnitud y los efectos de este problema.

Leyes de protección a los niños y niñas

El marco jurídico del moderno sistema de protección integral de la infancia en Colombia se basa en la Ley 1098 del 2006, que afirma que los niños tienen derechos, garantiza el cumplimiento de esos derechos, previene las amenazas contra esos derechos, e impulsa el restablecimiento de los derechos que han sido violados, basándose en el interés superior del niño. 

En el 2013, un decreto legal redefinió la Ley Nacional Sistema de Bienestar Familiar (SNBF) como el conjunto de organismos públicos y actores privados y los mecanismos que los coordinan, establecidos, para cumplir con la protección integral de las niñas, los niños y adolescentes, y el fortalecimiento de la familia a nivel nacional, departamental, distrital y municipal. 

En la esfera de la prevención, para dos de las tres violaciones de los derechos del niño seleccionadas, hay una política o plan nacional y una serie de organismos gubernamentales encargados de llevar a cabo la prevención a nivel nacional y subnacional, con la excepción es la violencia intrafamiliar, que sigue siendo algo turbio. 

¿Cuáles son las leyes de protección a primera Infancia en Colombia?

Ciertas limitaciones socavan la eficacia de los esfuerzos de prevención en el caso de los tres derechos: la falta de recursos suficientes, los problemas con la recopilación de datos sobre los riesgos y, especialmente, la falta de coordinación entre los agentes de protección de los niños sobre el terreno.

Hay tres hojas de ruta oficiales para el restablecimiento de los derechos: la ruta administrativa, coordinando las acciones de las autoridades pertinentes, la ruta de prestación de servicios, para asegurar la rápida tratamiento y cuidado del niño afectado, y la vía judicial para procesar al delincuente. 

En la práctica, se reportan considerables superposiciones y confusiones en los mandatos de los diversos actores involucrados, lo que mitiga la eficiencia del sistema. Igualmente, la falta de claridad en las funciones entre los organismos a menudo da lugar a la remisión de casos a diferentes autoridades, retrasando o denegando la oportuna y adecuada prestación del servicio de cuidado del niño. 

Los retrasos que se reportan  pueden dar lugar a la pérdida de interés por parte de la familia en la prosecución del proceso y la consiguiente revictimización del niño. Otras limitaciones clave identificadas por el estudio incluyen: insuficientes recursos humanos capacitados para cumplir con las responsabilidades legalmente establecidas.

También, se observa por parte de la Unicef, un déficit de infraestructura física y recursos tecnológicos, falta de recursos operativos mínimos, como papel y suministros de oficina,  lagunas en los recursos para cubrir el transporte necesario para apoyar y casos de seguimiento, así como un número de casos extraordinariamente elevado, que sobrepasa la capacidad de la sistema para manejarlos. 

Los derechos de los niños y niñas indígenas

Colombia tiene un marco jurídico particularmente progresista que reconoce el papel autónomo de la diversidad de comunidades indígenas distintas en el establecimiento de autoridades y en la prestación de servicios al propio pueblo. 

Sin embargo, en la práctica, algunas comunidades indígenas desconocen su autoridad o tienen una capacidad limitada para ejercerla, en otros casos, las autoridades gubernamentales no reconocen plenamente las acciones independientes de las autoridades indígenas sobre cuestiones de violaciones de los derechos del niño. 

La complicación radica en la falta de recursos en muchas comunidades indígenas, lo que significa que la prestación de servicios, especialmente de atención de la salud,  para los niños cuyos derechos han sido violados puede requerir su traslado a un municipio diferente. En general, no hay suficiente coordinación entre los dos sistemas administrativos en lo que respecta a la prevención, la protección y la justicia.

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